ProLAC calls for regional cooperation to address displacement and human mobility in Latin America

Across Latin America, people are being forced to flee their homes as organized criminal groups and non-state armed actors expand their presence and territorial control. Yet fleeing does not necessarily bring them to safety, as violence and protection risks often persist after displacement. Meanwhile, restrictions on regular migration pathways and access to international protection are contributing to more fragmented and irregular journeys, exposing people to further risks.  

These were the key messages that ProLAC brought to the VIII Ibero-American Summit on Human Mobility in Cartagena, Colombia, The VIII Ibero-American Summit brought together human rights institutions from across Ibero-America and was convened by both the Ibero-American Federation of Ombudspersons (FIO) and the National Human Rights Institutions Network (RINDHCA) of the Americas.  

Violence and territorial control drive displacement in Latin America 

Drawing on protection monitoring conducted with 20 partners across eight Latin American countries, ProLAC highlighted how violence, threats, and territorial control by non-state armed groups and organized criminal groups are driving both internal displacement and cross-border movements. Among internally displaced people, 70% identified the presence or activities of these groups as a factor driving their displacement. Internal displacement is not only due to generalised violence caused by these groups, but a consequence of the practices of coercion, including extortion, intimidation, threats, recruitment of children and adolescents, and attacks on civilians. 

Protection risks continue after displacement 

But fleeing does not necessarily end these risks. Eight in ten internally displaced households reported facing at least one protection abuse in their current location, including intimidation and threats, renewed forced displacement, and extortion. 15% had already experienced a second displacement. At the same time, most IDPs reported that they would face harm if they returned to their place of origin. As a result, affected communities become trapped in repeated cycles of violence and displacement.  

Restrictive migration policies become a barrier to protection 

ProLAC also highlighted how increasingly restrictive migration policies are reshaping mobility across the region. Among households identified with potential international protection needs, 56% had not applied for asylum. Barriers to accessing the procedure arise from the moment a person enters the territory, including a lack of accessible information, border controls, admissibility requirements, or deportation procedures that lack adequate protection safeguards. Despite the existence of formal pathways, migrants face administrative, financial, informational, and procedural barriers to access migratory regularization pathways. These restrictions contribute to more fragmented and irregular journeys, with less access to protection and greater exposure to violence and abuse. Almost half (45%) of refugees and migrants without regular migration documentation reported having experienced at least one form of abuse. 

Strengthened regional cooperation to address protection problems 

The current regional situation cannot be analyzed on a country-by-country basis and requires a shared approach. Strengthening regional cooperation and shared analysis can help detect emerging displacement trends, inform public policies and humanitarian responses, and improve protection for communities affected by violence and forced displacement across Latin America. ProLAC therefore calls for stronger regional cooperation and exchange between civil society and national human rights institutions and State institutions to ensure that protection analysis feeds into early warning systems and institutional humanitarian responses to address the protection gaps in the region. 

En toda América Latina, las personas se ven obligadas a huir de sus hogares mientras grupos criminales organizados y actores armados no estatales expanden su presencia y control territorial. Sin embargo, huir no les garantiza necesariamente seguridad, dado que la violencia y los riesgos de protección suelen persistir tras el desplazamiento. Mientras tanto, las restricciones a las vías de migración regulares y al acceso a la protección internacional están contribuyendo a que los viajes sean más fragmentados e irregulares, exponiendo a las personas a riesgos de protección adicionales. 

Estos fueron los mensajes clave que ProLAC transmitió en la VIII Cumbre Iberoamericana sobre Movilidad Humana celebrada en Cartagena. La VIII Cumbre Iberoamericana reunió a instituciones de derechos humanos de toda Iberoamérica y fue convocada tanto por la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo (FIO) como por la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Américas (RINDHCA). 

La violencia y el control territorial provocan desplazamientos en América Latina 

 Basándose en el monitoreo de protección llevado a cabo con 20 socios en 8 países de América Latina, ProLAC expuso cómo la violencia, las amenazas y el control territorial por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales organizados están impulsando tanto los desplazamientos internos como los movimientos en frontera. Entre las personas desplazadas internamente, el 70 % identificó la presencia o las actividades de estos grupos como un factor que motivó su desplazamiento. El desplazamiento interno no sólo se debe a la violencia generalizada provocada por estos grupos, sino también que es consecuencia de las prácticas de coerción como la extorsión, la intimidación, las amenazas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) y los ataques a la población civil. 

Los riesgos para la protección persisten tras el desplazamiento 

 Huir no pone necesariamente fin a estos riesgos. Ocho de cada diez hogares desplazados internos reportaron haber sufrido al menos un abuso o hecho de violencia en su lugar de residencia actual, incluyendo intimidaciones y amenazas, nuevos desplazamientos forzados y extorsión. El 15 % ya había sufrido un segundo desplazamiento. En suma, la mayoría de las personas desplazadas internas señalaron que correrían peligro si regresaran a su lugar de origen. Como resultado, las comunidades afectadas quedan atrapadas en ciclos repetitivos de violencia y desplazamiento. 

Las políticas migratorias restrictivas se convierten en barreras para la protección 

ProLAC también expuso cómo las crecientes políticas migratorias restrictivas están impactando la movilidad en toda la región. Entre los hogares identificados con posibles necesidades de protección internacional, el 56 % no había solicitado asilo. Los obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional surgen desde el momento en que una persona entra en el territorio, incluyendo vacíos como falta de información accesible, los controles fronterizos, los requisitos de admisión al procedimiento o las deportaciones que carecen de garantías de protección adecuadas. A pesar de la existencia de caminos formales para la regularización, los migrantes también enfrentan barreras administrativas, financieras, de información y de procedimiento que permitan regularizar su situación. Estas restricciones contribuyen a que los viajes sean más fragmentados e irregulares, con menor acceso a la protección y una mayor exposición a la violencia y los abusos. Casi la mitad (45 %) de los refugiados y los migrantes sin documentación migratoria reportaron haber sufrido al menos una forma de abuso o hecho de violencia. 

Una cooperación regional fortalecida para abordar los problemas de protección 

La situación regional actual no puede ser analizada en una lógica de país por país, sino que requiere un enfoque común. El fortalecimiento de la cooperación regional y el ejecutar análisis compartidos puede contribuir a detectar nuevas tendencias de desplazamiento, orientar las políticas públicas y las respuestas humanitarias, y mejorar la protección de las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado en toda América Latina. Por ello, ProLAC llama por una mayor cooperación regional y un mejor intercambio de acciones e información entre la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y las instituciones estatales, con el fin de garantizar que los análisis de protección informen los sistemas de alerta temprana y las respuestas humanitarias de las instituciones para abordar las deficiencias en materia de protección en la región.